Resumen y analisis del fallo condenatorio contra Roberto David Castillo Mejia emitido por la Sala 1 del Tribunal de Setencia con Competencia Territorioal Nacional e lunes 5 de julio de 2021 en Tegucigalpa, Honduras.
Arsenia Álvarez de 56 años, originaria de la comunidad garífuna de Sambo Creek, celebra el resultado del juicio contra David Castillo, quien fue declarado culpable por el asesinato de Berta Cáceres. Tegucigalpa, 5 de julio de 2021. Foto: Martín Cálix.
Ver texto original por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organizacion Mundial Contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, miembros de la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, aquí: https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/honduras-condena-historica-por-el-asesinato-de-berta-caceres-obliga
9 de julio de 2021
“Este fallo histórico cobra mayor importancia porque rescata el valor de la defensa de la naturaleza, de los derechos de los pueblos indígenas y el campesinado. Es un fallo histórico que pone al descubierto en los estrados judiciales la responsabilidad de las empresas no sólo su rol devastador de los recursos vitales, sino también en la persecución y eliminación de personas y organizaciones que se oponen a su avaricia destructora. El fallo pone en evidencia la fuerza de la unidad y de la lucha en la exigencia de verdad y de justicia. Lucha que tuvo como grandes protagonistas el valor y dignidad de su familia, del COPINH, de todas las personas que se entregaron a esta causa de la humanidad. Me uno a la alegría que Berta reivindicó, la alegría de las victorias. Esta es una victoria con sabor a hazaña, porque alcanzar verdad y justicia en los tribunales que históricamente han favorecido los crímenes del poder es una hazaña. Esta victoria es trascendental, pero no significa el fin del camino en la lucha contra la impunidad por el magnicidio de la compañera Berta”, señaló Reynaldo Villalba, Vicepresidente de la FIDH y Presidente de CAJAR – Colombia.
“Tras más de cinco años del asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, la condena de Roberto David Castillo Mejía como coautor del crimen debe servir de precedente para la consecución de justicia para todas las personas defensoras del territorio, el medioambiente y los derechos indígenas asesinadas en Honduras, y para declarar una política de tolerancia cero hacia la violencia contra quienes defienden los derechos humanos”, apuntó Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.
El lunes 5 de julio de 2021 se dio un paso concluyente hacia la justicia para la defensora de los derechos indígenas, del territorio y del ambiente Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016 en Honduras. Roberto David Castillo Mejía, oficial de inteligencia militar y ex gerente general y presidente de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos (DESA) fue condenado como coautor del crimen contra la líder lenca. En su fallo, el tribunal consideró que el móvil del asesinato fue acabar con la oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de financiación nacional e internacional, por parte de las comunidades indígenas de Río Blanco, que lideraba Berta Cáceres, como coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
El fallo se produjo tras cerca de 50 días de audiencias del debate oral y público, que inició el 6 de abril de 2021. Durante el transcurso del juicio, que fue transmitido en vivo a través de los canales de redes sociales del poder judicial por razones de crisis sanitaria, se presentaron más de 60 medios de prueba, en su mayoría a cargo de la Fiscalía y de las Acusaciones Privadas que representan a la familia de Berta Cáceres. Las pruebas clave fueron los datos de telecomunicaciones extraídos de los teléfonos de los ya condenados en 2018 por el asesinato, entre los que se encuentran empleados y ex empleados de DESA, un militar en activo y cuatro sicarios, así como el teléfono de Daniel Atala, director financiero de la empresa DESA y los teléfonos de Berta Cáceres.
En su fallo, el Tribunal citó tanto a los peritos del Ministerio Público como a los de la defensa, quienes presentaron una coherencia lógica de los chats que vinculan a Castillo con la planificación y ejecución del plan para asesinar a Berta Cáceres. Los chats de WhatsApp demostraron que Castillo se coordinó con el ex gerente de seguridad de DESA, Douglas Bustillo, condenado por el asesinato en 2018, para acabar con la oposición al proyecto. Bustillo luego se comunicó con militares amigos para coordinar un grupo sicarial para planificar y finalmente ejecutar el asesinato.
Mientras tanto, el Tribunal dictaminó que Castillo se comunicó con Cáceres para obtener información y no por una amistad, como la defensa había alegado. Esta información de inteligencia, que incluía el seguimiento de los movimientos de Cáceres, fue luego compartida con los ejecutivos de la empresa DESA, a través del chat de WhatsApp "Seguridad PHAZ" (Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca), en el que participaban ejecutivos y directivos de DESA. Los chats entre este grupo, y en un audio entre Castillo y Jacobo Atala, un Director de la empresa que no estaba en el chat grupal, también se sucedieron en las horas, días y semanas posteriores al asesinato. Ninguno de los directivos de la familia Atala Zablah de la empresa hidroeléctrica DESA, que formaba parte de este grupo de chat, ha sido procesado por el asesinato pero el veredicto de culpabilidad establece claramente que Castillo no actuó solo, sino que formó parte de un grupo coordinado.
El tribunal dictaminó que los indicios cronológicos que vinculan a Castillo con el crimen son claros, comenzando en octubre de 2015, cuando el gerente social y ambiental de DESA, el ya condenado Sergio Rodríguez, envió un mensaje al chat del Grupo de Seguridad PHAZ indicando que se debían encaminar acciones contra Berta Cáceres para terminar con la resistencia organizada al proyecto de la represa.
Luego, la evidencia muestra las comunicaciones de Castillo con Bustillo, que conducen al momento del intento de asesinato frustrado un mes antes del asesinato - lo que los chats revelaron como una "misión abortada" - así como en las semanas y días antes del 2 de marzo para asegurar la "logística" para llevar a cabo el asesinato. El tribunal consideró que no había otra explicación lógica para las comunicaciones entre Bustillo y los asesinos contratados para llevar a cabo el crimen así como los chats entre Castillo y Bustillo que no tenían una relación laboral en el momento del asesinato.
Aunque la defensa presentó varias hipótesis sobre otras amenazas que había recibido Berta Cáceres y que consideraban motivo del asesinato -entre ellas, amenazas de una empresa minera y otra hidroeléctrica, una relación íntima e incluso el tráfico de drogas-, ninguna de ellas fue desarrollada a fondo y mucho menos probada en el juicio. Para la familia de Cáceres, y la sociedad civil, estas fueron formas en las que la defensa intentó seguir difamando a Berta Cáceres y desviar la atención del verdadero motivo durante los tres meses que duró el juicio, al menudo valiéndose de los medios de comunicación corporativos.
Es importante destacar que durante el transcurso del juicio, el director financiero de DESA, Daniel Atala Midence, fue llamado a declarar sobre el asesinato, pero en el último momento, se acogió a su derecho constitucional de no declarar contra sí mismo dada la investigación pendiente en su contra por el crimen. El Ministerio Publico confirmó esa situación y aseguró después del fallo que continuará con sus investigaciones sobre los autores intelectuales del crimen. Las pruebas conclusivas utilizadas en el juicio han estado en manos del Estado hondureño durante cuatro años, pero no se han realizado más capturas desde la de David Castillo el 2 de marzo de 2018.
El tribunal dictaminó que David Castillo era culpable de ser coautor, parte de un grupo que en conjunto llevó a cabo el asesinato, cada uno con su papel, y la condena abre claramente la puerta a nuevos procesamientos de las otras personas que conocían y consintieron el asesinato. El tribunal indicó que el 3 de agosto de 2021 se celebrará una audiencia de individualización de pena, en la que la acusación privada y el Ministerio Publico expondrán los agravantes. Tras la misma, se emitirá una sentencia por escrito y la defensa presentará su recurso. Se espera que Castillo se enfrente a una condena de entre 20 y 25 años, ya que ha pasado más de tres años en prisión.
El día después de la condena, el Banco de Desarrollo Holandés FMO, al que Berta Cáceres pidió que se desprendiera del proyecto Agua Zarca antes de su asesinato, emitió un comunicado en el que reconocía que habían financiado a una empresa cuyo director había sido condenado por un asesinato. En 2019, la familia de Berta Cáceres inició una demanda contra el banco en Holanda por su implicación en el asesinato, la cual sigue abierta. En mayo de 2021, durante el juicio contra David Castillo, el FMO anunció que ponía fin a las negociaciones de un préstamo con el banco FICOHSA de Honduras, al que Berta Cáceres también denunció por su implicación en el proyecto.
David Castillo, en su declaración final ante el tribunal, agradeció al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía por proporcionar los peritos, consultores y traductores utilizados para su defensa durante el juicio. El COHEP es la mayor organización empresarial de Honduras, y una de las tres organizaciones privadas del país que proponen candidatos a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, y también forma parte de la junta directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la compañía eléctrica propiedad del gobierno de Honduras y operada por él. Todavía no han emitido una declaración pública sobre el veredicto.
Además del juicio por asesinato, David Castillo se enfrenta ahora a un juicio por actos de corrupción en relación con la concesión de la licencia de explotación del proyecto de la presa de Agua Zarca y por actos de fraude en la negociación del acuerdo de compra de energía entre DESA y el ENEE. Las acciones ilícitas de la empresa hidroeléctrica desde sus inicios han quedado claras a través de los procesos penales en Honduras y deben servir de aprendizaje para frenar la violencia perpetuada contra las comunidades indígenas y campesinas que defienden sus derechos territoriales ante los proyectos extractivos sin consentimiento.
El papel de las víctimas -la familia de Berta Cáceres, las comunidades lencas de Río Blanco y el COPINH- en la búsqueda de justicia ha sido esencial para dar este paso concluyente. Su participación continua es vital para garantizar la verdad, la justicia y la reparación digna de los casos relacionados con la Causa Berta Cáceres y debe ser una lección de justicia centrada en las víctimas en Honduras para asegurar los pasos hacia la no repetición.
Como miembro de la Misión de Observación Calificada que ha observado la totalidad del juicio contra David Castillo, el Observatorio reitera su llamado para que el Estado hondureño esclarezca todos los ilícitos denunciados en el Caso Berta Cáceres, incluyendo los cometidos por la estructura ejecutiva de la empresa y los funcionarios públicos en el período previo y posterior al asesinato.
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