27 de septiembre de 2024
La Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres advierte que la ausencia de sentencias firmes para los condenados por el asesinato de la activista y defensora de los derechos del Pueblo Lenca, Berta Cáceres, así como el fracaso del Estado hondureño en sancionar efectivamente a todos los autores intelectuales de este horrendo crimen, ha permitido que la violencia contra otros defensores continúe sin cesar en los ocho años transcurridos desde su trágico asesinato. En este sentido, lamentamos que el 14 de septiembre de 2024, el defensor Juan López fue asesinado en Tocoa, Colón, en el marco de su labor en la defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía y los ríos Guapinol y San Pedro, frente a un megaproyecto promovido por Emco Holdings y sus asociados.
En 2020, Berta Cáceres y los Defensores del Río Guapinol fueron nombrados conjuntamente finalistas para el Premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento de la Unión Europea, en reconocimiento a la incansable defensa de la tierra, los ríos y el territorio y en contra de los megaproyectos extractivistas. Las similitudes en los casos de Berta Cáceres y Juan López son notables; ambos fueron beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reconoció la amenaza inminente que enfrentaban por su defensa de los derechos humanos y los bienes comunes; estas medidas no fueron cumplidas en debida forma para protección efectiva a ninguno de los dos defensores. Tanto Berta como Juan fueron víctimas de criminalización por parte del Ministerio Público que utilizó cargos para neutralizar su liderazgo; ambos fueron blanco de amenazas y campañas para estigmatizar su legítima labor en defensa de los derechos humanos que no fueron efectivamente investigadas ni sancionadas; esta impunidad permitió que las campañas continuaran hasta el momento de sus viles asesinatos.
Como organizaciones que hemos acompañado los procesos judiciales en la Causa Berta Cáceres por más de seis años, hemos alertado a las autoridades hondureñas sobre la necesidad de confirmar las sentencias, investigar todos los delitos relacionados con el asesinato de Berta Cáceres y garantizar justicia en este caso para asegurar su no repetición.
Las pruebas evacuadas en los procesos judiciales por el asesinato de Berta Cáceres muestran claramente múltiples crímenes alrededor del atroz y aún impune crimen. Entre ellos figura la posible colusión entre funcionarios del Estado, fuerzas de seguridad del Estado, operadores de justicia y ejecutivos de la empresa DESA en una estructura criminal para neutralizar y reprimir la legítima lucha de Berta Cáceres como coordinadora general del COPINH; crímenes que no han sido investigados ni sancionados.
Esta deuda histórica del Estado hondureño con la Causa Berta Cáceres, hoy se suma a la deuda de justicia por el asesinato de Juan López y otros defensores y defensoras que enfrentan riesgo en el país por su defensa del territorio y los bienes comunes.
Hacemos un nuevo llamado al Poder Judicial de Honduras para que cumpla de inmediato con sus obligaciones nacionales e internacionales de impartir justicia efectiva y confirme las sentencias de David Castillo, Sergio Rodríguez Orellana, Douglas Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres, coautores condenados por el crimen de Berta Cáceres.
FIRMAS
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-sj)
FIDH (Federación Internacional por los Derechos Humanos), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
Guatemala Human Rights Commission (GHRC-USA)
Organización mundial contra la tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PICI)
Protection International. Mesoamérica
Robert F Kennedy Human Rights
Western New England University School of Law, Global Justice Clinic
Comments